Más del 75% de inversión extranjera en México es solo reinversión interna

CIUDAD DE MÉXICO. La cúpula financiera del país encendió las alarmas con preocupante firmeza. Guillermo Ortiz Martínez, exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, expuso un meticuloso contrapeso a la narrativa de bonanza económica difundida por la Presidencia de la República. El economista advirtió que los 12 indicadores oficiales presentados para responder a las advertencias de agencias calificadoras como Moody’s y Standard & Poor’s son cifras reales, pero están maquilladas bajo una interpretación parcial que disfraza la parálisis estructural del país. Esta marcada disparidad entre el discurso oficial y la realidad productiva deja al descubierto que, tras el barniz de los récords estadísticos, la confianza para inyectar capital fresco en suelo nacional está prácticamente rota, sembrando incertidumbre en el futuro de los trabajadores.

En el desglose de la inversión extranjera directa, donde el gobierno presume ubicar a México entre los diez principales destinos globales, Ortiz precisó que la verdad tiene otros matices. Más del 75% de ese dinero no son capitales nuevos cruzando la frontera, sino empresas que ya están operando de este lado y simplemente reinvierten sus utilidades ganadas. La fila de nuevos inversionistas extranjeros esperando para poner una planta o abrir un centro logístico en territorio mexicano está desierta. El diagnóstico del economista apunta directo al corazón institucional: el paulatino desmantelamiento del Estado de derecho, la eliminación de órganos reguladores autónomos y la reciente reforma judicial erosionaron la certeza jurídica básica que exige cualquier corporación antes de arriesgar su capital.

El espejismo también salpica a la política laboral. Si bien el incremento sostenido al salario mínimo representa una medida social deseable, el exgobernador del banco central subrayó que subir los sueldos por decreto sin elevar la productividad es como pretender mover un vehículo sin gasolina. Con una productividad laboral estancada desde hace al menos una década, las empresas —en especial las pequeñas y medianas de la colonia o el barrio— enfrentan la encrucijada de cubrir la nómina reduciendo márgenes de ganancia. Cuando esas utilidades no alcancen, la persiana bajará definitivamente, amenazando la continuidad de los empleos recién ajustados.

La presumida segunda tasa de desempleo más baja entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) esconde una trampa estadística similar. En México, cerca del 50% de la fuerza laboral sobrevive en la informalidad. Comparar estos números con los de potencias como Japón resulta insostenible: mientras allá el 99% de la población activa goza de empleo formal con seguridad social, en las calles mexicanas el comerciante que vende chicles o botanas figura catalogado como ocupado. Sin un seguro de desempleo ni un empleo formal masivo, la baja tasa desempleada no refleja prosperidad, sino la urgencia de llevar comida a la mesa a como dé lugar.

El comercio exterior con Estados Unidos, que anotó una cifra récord de 839,000 millones de dólares, expone además una severa grieta geográfica. Las exportaciones automotrices, aeroespaciales y tecnológicas benefician casi de forma exclusiva a la franja norte y centro de la República. En el sur, donde se concentra la mayor densidad poblacional con rezago, la derrama del comercio transfronterizo llega a cuentagotas. El escaso valor agregado en los procesos de ensamble limita el efecto multiplicador de las exportaciones en el resto del entramado productivo, ensanchando la brecha territorial entre dos Méxicos que caminan a velocidades opuestas.

Al balance macroeconómico se le suma el peso asfixiante de la delincuencia. Para el pequeño comerciante y el industrial por igual, el costo de operar en México incluye una doble tributación: los impuestos federales y la extorsión sistemática impuesta por el crimen organizado. El cobro de piso a restaurantes, choferes de transporte y productores agrícolas destruye la viabilidad comercial y paraliza la intención de expandir cualquier negocio. ¿Puede una economía sostener el crecimiento cuando el crimen actúa como un fisco paralelo e impune?

A nivel fiscal, la deuda pública bordea el 51.7% del Producto Interno Bruto (PIB) según datos del gobierno, aunque organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ubican la deuda bruta por encima del 62%. Ortiz advirtió que la fragilidad de las finanzas públicas se agrava por el continuo rescate financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) y por un gasto en programas sociales y transferencias directas que crece año con año sin contar con ingresos tributarios equivalentes. Esta inercia compromete los recursos del Estado en un momento en que el envejecimiento demográfico demandará mayores pensiones y servicios de salud.

La consecuencia directa para el ciudadano común es un estancamiento prolongado del ingreso per cápita. Durante los últimos siete años, el crecimiento económico promedio de México ha permanecido por debajo del 1%, marcando el desempeño productivo más bajo desde la llamada “década perdida” de los años ochenta. La economía nacional apenas administra el ciclo día a día sin resolver sus fallas de origen, lo que frena la creación de empleos formales bien remunerados y restringe la capacidad de ahorro de las familias.

El panorama evidencia que la reunión cordial entre autoridades y empresarios para tomarse la foto oficial no basta si no existen garantías legales e infraestructura básica —como energía eléctrica y seguridad— para ejecutar proyectos de inversión privada. Sin un compromiso firme por reconstruir la certidumbre jurídica y restablecer la división de poderes, la economía seguirá a la deriva. Ante este escenario, la pregunta inevitable que queda sobre la mesa para discutir en la cena familiar o en el café es la siguiente: si tu sueldo sube pero el costo de vida y la informalidad crecen al mismo ritmo, ¿realmente le está yendo mejor al país o solo estamos contando la historia a medias?