La otra lista de Washington: de gobernadores a Andy López Beltrán,

El jueves 13 de agosto, desde Teapa, Tabasco, Andrés Manuel López Beltrán hizo pública una carta dirigida al presidente Donald Trump. En ella afirma que Marco Rubio y Christopher Landau ordenaron quitarle la visa y califica la decisión de “politiquera y propagandística”, asegurando que no existe prueba alguna de acto inmoral o delictivo en su contra. El anuncio lo coloca, por el momento, como el nombre de más alto perfil político en la lista de afectados.

Desde octubre de 2025 circula el reporte de Reuters: al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos habrían perdido el documento de entrada a Estados Unidos. La agencia citó a dos funcionarios mexicanos anónimos. El gobierno estadounidense no ha publicado la lista completa ni los motivos individuales. Solo un puñado de casos se ha confirmado por boca de los propios afectados.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, fue de las primeras en reconocerlo, junto con su entonces esposo. Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, también lo hizo público. Alcaldes de municipios fronterizos —Nogales, San Felipe, Puerto Peñasco— y el entonces director de Investigación Aduanera de ANAM, Alex Tonatiuh Márquez, figuran entre los nombres que salieron a la luz. En 2026 aparecieron reportes sobre los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal; ambos han negado la información. Sobre Adán Augusto López Hernández las versiones periodísticas señalan revocación; él se niega a confirmar o desmentir.

El contexto que Washington ha sostenido es la ofensiva contra cárteles y sus presuntos aliados políticos. Eso no equivale, automáticamente, a una sentencia. En el caso de López Beltrán existen denuncias presentadas ante la FGR por legisladores de oposición, reportajes que lo vinculan con redes de huachicol fiscal a través de personas cercanas y menciones en testimonios de testigos protegidos dentro de expedientes de contrabando de combustibles. Ninguna de esas piezas, hasta donde es público, se ha traducido en una imputación formal o condena en su contra. Él lo niega de manera categórica y exige pruebas.

¿Cuántos de los más de 50 nombres reportados por Reuters están realmente bajo investigación penal y cuántos perdieron la visa por otras razones administrativas o de seguridad nacional? Esa cifra exacta no está en la mesa pública. Lo que sí está es un patrón: la visa se volvió herramienta de presión en la relación bilateral y cada caso se discute en México con más ruido que documentación completa.

Para el ciudadano de a pie el asunto no es abstracto. Cuando un alcalde fronterizo o un funcionario de aduanas pierde el documento, el cruce, el comercio y la percepción de impunidad se mueven. Cuando el hijo de un expresidente entra en la lista, la conversación se vuelve inevitablemente política. La pregunta que queda es simple y pesada: ¿dónde están los expedientes que sostienen cada nombre?

La lista sigue incompleta. Los desmentidos también. Y mientras no aparezcan documentos primarios que cierren o abran cada expediente, la otra lista —la de las dudas— sigue creciendo.