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Este lunes, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) soltó una cifra que frena el dedo en pleno scroll: entre 2018 y 2025, el huachicol fiscal —combustible que entra al país o se vende evadiendo impuestos— pudo mover 147 mil millones de litros, con un valor potencial de 3.1 billones de pesos. El tamaño sorprende. Pero el número que más ruido hace no es el que sostiene la cuenta. ¿Cuál es, entonces?
La cuenta arranca en otro lado: 600 mil millones de pesos que el fisco habría dejado de cobrar en esos ocho años. Esa cifra la dio la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, el 3 de octubre de 2025 ante la Comisión de Hacienda, y MCCI la toma como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) presuntamente evadido. De ahí se hizo una pregunta de banqueta: ¿a cuántos litros equivale? La respuesta depende de un promedio que conviene ver de cerca.
Ese promedio es el IEPS efectivo: 4.09 pesos por litro de gasolina regular y diésel, una vez descontados los estímulos fiscales que en varios periodos bajaron la cuota; en 2022 llegaron hasta 100%. Se divide 600 mil millones entre 4.09 y salen los 147 mil millones de litros. A un precio de importación representativo de 11 pesos por litro, eso vale 1.6 billones; a un precio promedio de mercado de 21.20 pesos, vale 3.1 billones. Falta ver qué tipo de dinero es ese último.
Aquí va la letra chiquita, y va completa: los 147 mil millones de litros no se contaron en aduana ni en ducto, son resultado de un cálculo. Y los 3.1 billones no son el hueco en las arcas ni la ganancia de nadie: son el valor del combustible a precio de mercado, con impuestos, logística y márgenes incluidos. El daño fiscal estimado es la base de la cuenta, 0.6 billones. La diferencia entre una cifra y otra es la diferencia entre el precio de la mercancía y lo que el fisco dejó de recibir.
Para bajarlo a tierra, imagina las pipas. Los 147 mil millones de litros llenarían unas 4.9 millones de pipas de 30 mil litros. Formadas en fila, a 18 metros cada una, medirían unos 88 mil kilómetros: dos vueltas al Ecuador y todavía sobra camino. Otra vara: el buque Challenge Procyon, con una carga cercana a 21 millones de litros de diésel, tendría que repetirse 6,986 veces. Son 19 buques como ese, llegando cada día durante un año. Y aún falta la comparación que más se está compartiendo.
MCCI pone el número junto a las megaobras. Tren Maya (544 mil millones de pesos), refinería de Dos Bocas (398 mil millones) y AIFA (89 mil millones) suman 1.03 billones, según estimaciones de México Evalúa, y los 3.1 billones equivalen a tres veces esa suma. También son 30% del Presupuesto de Egresos 2026, aprobado en 10.1 billones. Ojo con el cuidado: se compara un acumulado de ocho años contra el presupuesto de uno, y el valor de un flujo de mercado contra el costo de una obra. La foto es ilustrativa, no una resta contable. Del otro lado de la mesa está lo que sí tiene expediente.
Y ahí la cifra se achica: de los 600 mil millones, solo 16 mil millones tienen denuncia formal, según el cálculo del diputado Téllez Hernández; eso es 2.7%. El resto sigue en investigación. Para señalar a los grupos criminales beneficiados, MCCI cita como fuentes al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la unidad financiera FinCEN, la Fiscalía General de la República y la lista de factureras del SAT. ¿Cuánto de esos 600 mil millones terminará en una carpeta judicial? Nadie lo sabe todavía.
¿Y tú, en qué parte de esta historia estás? En la gasolinera de la esquina. El litro legal lleva impuestos incluidos en el precio; el que entra por la puerta de atrás, por definición, no los paga. No hay forma de que el conductor distinga uno de otro en la bomba, pero sí hay herramientas para vigilar lo que le toca. La Profeco publica el “Quién es quién en el precio de la gasolina” y la app Litro por Litro, con precios por estación, y recibe denuncias de estaciones que no despachan litros completos. Pedir la factura electrónica también deja rastro. Lo demás depende de que las investigaciones avancen.
Y avanzar es la palabra clave, porque hoy hay una estimación grande, con una base oficial que aún no separa impuestos no pagados de valor del producto, y un porcentaje mínimo con denuncia formal. Son 600 mil millones de pesos frente a 16 mil millones con expediente. La próxima vez que alguien te suelte “3.1 billones” en la sobremesa, ¿te animas a preguntarle cuántos de esos pesos ya tienen nombre, apellido y carpeta?
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