50 iniciativas y 16 estados: México ya legisla redes sociales para menores

El Parlamento francés aprobó de manera definitiva el pasado 21 de julio la ley que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 15 años, una medida impulsada por la diputada Laure Miller y respaldada por el presidente Emmanuel Macron. La aplicación arranca en dos tiempos: a partir del 1 de septiembre de 2026 las plataformas deben verificar la edad de quien abra una cuenta nueva, y desde el 1 de enero de 2027 tendrán que revisar las cuentas ya existentes y cerrar las de los menores de esa edad. El texto pasó al Consejo Constitucional, que debe pronunciarse antes de la promulgación. Es decir: la medida está aprobada, pero todavía no es intocable.

Instagram, TikTok, Facebook y Snapchat quedan dentro del alcance de la norma. WhatsApp, en cambio, se salva por su naturaleza de mensajería. Y ahí está el primer agujero que los propios adolescentes franceses ya detectaron: si tapas una coladera, el agua se va por la de junto. Las plataformas deberán ofrecer al menos dos métodos de verificación de edad sin recibir directamente la identidad completa del usuario, un requisito técnico que suena razonable en el papel y que nadie ha resuelto del todo en la práctica.

La cifra que sostiene el argumento oficial es contundente. Según Arcom, el regulador audiovisual francés, los jóvenes de 12 a 17 años pasan en promedio 1 hora con 21 minutos diarios en TikTok, y el diseño algorítmico privilegia los contenidos más extremos, exponiéndolos a un flujo continuo de material ansiógeno. Hasta ahora la edad mínima era de 13 años, sin verificación real. Cualquiera que haya visto a un niño de once poner una fecha de nacimiento falsa en treinta segundos sabe de qué tamaño era el candado.

Francia no inventó el hilo negro. Australia prohibió desde diciembre de 2025 el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con verificación de identidad o estimación de edad por reconocimiento facial y multas de hasta 32 millones de dólares para las plataformas incumplidas. Los primeros meses arrojaron un resultado que a los legisladores mexicanos les debería quitar el sueño: hubo fuga de usuarios hacia aplicaciones menos conocidas y sin regulación alguna. El problema no se resolvió, se mudó de domicilio.

¿Y México? Aquí la discusión está más avanzada de lo que la mayoría supone. Dieciséis estados ya legislaron sobre el tema, y en el Congreso de la Unión se han presentado cerca de 50 iniciativas de legisladores federales en ambas cámaras. El diputado Sergio Mayer Bretón, de Morena, propuso adicionar el artículo 101 Bis 4 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fijar la edad mínima en 13 años con autorización verificada de padres o tutores. En su exposición de motivos cita datos de la Ensanut 2020: mil 150 suicidios de menores de edad, cifra superior a las muertes por Covid-19 en ese grupo durante el mismo periodo.

En la capital el asunto va por varias vías. En el Congreso de la Ciudad de México, la diputada panista Laura Álvarez presentó en abril una iniciativa para restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años. El diputado morenista Pedro Haces Lago propuso en mayo reformas en el mismo sentido. En el Estado de México, el priista Mariano Camacho planteó la prohibición total para menores de 12 años y el uso acompañado entre los 12 y los 14. Nuevo León también tiene su propia propuesta sobre la mesa. Cada quien con su número mágico, que es precisamente parte del problema.

Porque no existe consenso científico sobre una edad umbral a partir de la cual el daño desaparece. Es el señalamiento que hicieron los diputados socialistas franceses al oponerse al texto, y aplica igual de este lado del Atlántico. Trece, catorce, quince, dieciséis: los números salen del debate político, no del laboratorio. Y una ley que fija una frontera arbitraria sin mecanismo de verificación robusto termina siendo un letrero de “prohibido el paso” en un terreno sin barda.

Hay un costo colateral que se discute poco y que conviene poner sobre la mesa. Organizaciones como La Quadrature du Net advirtieron que la verificación de edad generalizada equivale, en los hechos, a un control de identidad permanente en internet para toda la población, no solo para los menores. En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea limitó severamente el margen de los Estados miembros en esta materia: las medidas deben ser proporcionadas y dirigidas a plataformas específicas, no obligaciones generales. Si el modelo europeo se atora ahí, la discusión mexicana tendrá que resolver el mismo nudo.

Lo que sigue en México tiene calendario. Especialistas ubican la posible aprobación de la propuesta federal entre septiembre y diciembre de este año, con paso por las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia y, según su alcance, por Gobernación y Justicia. El paquete que se perfila no es solo prohibición: combina edades mínimas, mecanismos de verificación, límites al uso de dispositivos en escuelas, obligaciones de diseño para las tecnológicas y programas de alfabetización digital.

Mientras tanto, lo accionable para las familias es concreto: revisar hoy los controles parentales y los ajustes de privacidad de cada aplicación, establecer límites de tiempo de pantalla acordados en casa antes de que llegue la ley a imponerlos, y no dar por hecho que las cuentas existentes de sus hijos quedarán intactas si la regulación avanza. En Francia, las cuentas ya abiertas caen en enero de 2027.

Los adolescentes franceses, por cierto, tienen su propio pronóstico. Uno de catorce años lo resumió sin dramatismo: será igual que con los videojuegos cuando piden la edad, se enseña la credencial de los papás y listo. La pregunta que vale la pena hacerle esta noche a su hijo, o a su sobrino: si mañana le cierran la cuenta, ¿a dónde se va?