Raúl Bolaños pone el debate sobre nacionalidad única en el centro de San Lázaro

Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, llegó a la sesión de este 22 de septiembre con un tema que toca una de las fibras más sensibles del poder: quién puede aspirar a encabezar un Ejecutivo en México y bajo qué condiciones jurídicas.

La discusión gira en torno a una propuesta de reforma constitucional en materia de nacionalidad única enviada por el Ejecutivo federal. El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El planteamiento establece que quienes busquen esos cargos tendrían que ser mexicanos por nacimiento y no conservar otra nacionalidad en el momento que determine la nueva norma. La iniciativa también señala que una persona con otra nacionalidad tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata.

La propuesta añade una condición durante el ejercicio del cargo: no adquirir, solicitar o invocar una nacionalidad distinta ante autoridades extranjeras. Ese punto lleva la discusión más allá de los requisitos electorales y la coloca en el terreno de las obligaciones jurídicas de quien encabece un Poder Ejecutivo.

El alcance es más acotado de lo que puede sugerir la expresión nacionalidad única. El proyecto no plantea una prohibición general de la doble nacionalidad ni elimina por sí mismo los derechos de los mexicanos que actualmente tienen ciudadanía de otro país. La medida se dirige a quienes aspiren a los cargos ejecutivos incluidos.

Antes de llegar al Pleno, el dictamen fue aprobado el 8 de septiembre en la Comisión de Puntos Constitucionales con 26 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención. Ese resultado muestra la primera correlación de posiciones, pero no sustituye la votación del conjunto de la Cámara.

Los argumentos están divididos. Quienes respaldan la reforma sostienen que la persona responsable de conducir un Ejecutivo debe mantener un vínculo jurídico exclusivamente mexicano. Quienes la cuestionan responden que dos nacionalidades no implican automáticamente un conflicto de lealtades y advierten posibles efectos para ciudadanos con vínculos familiares o jurídicos en otros países.

Bolaños-Cacho Cué había anticipado una discusión con posiciones encontradas y llamó a conducirla con argumentos y respeto. También informó que el tema estaría entre los asuntos centrales de las sesiones del 22 y 23 de septiembre, en una Cámara que revisa al mismo tiempo el Paquete Económico 2027, comparecencias e iniciativas del Ejecutivo.

La ruta no termina con una votación en San Lázaro. El artículo 135 constitucional exige dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras y, después, la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México. La eventual reforma tendría, por tanto, un recorrido más amplio.

Para la ciudadanía, el dato práctico es que la propuesta no equivale a perder una nacionalidad por el hecho de tenerla. Su efecto se concentraría en los requisitos para aspirar a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina. La redacción final será la que determine el alcance jurídico de cada condición.