Ocho periodistas asesinados bajo protección del Estado en siete años

Por Bruno Cortés

El 16 de junio de 2021, Gustavo Sánchez Cabrera mandó un correo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Preguntaba por las medidas que le habían aprobado y que nunca llegaron. Al día siguiente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, le dispararon en la cabeza cuando iba en su motocicleta. Estaba inscrito en el programa desde enero de ese año. Su historia no es la excepción, y eso es lo que más duele.

La cronología pesa como loza. En mayo de 2020 pidió protección con pruebas de amenazas. En julio de ese año lo balearon y terminó en el hospital. El 18 de enero de 2021 lo incorporaron por procedimiento extraordinario. Le aprobaron escoltas, apoyo para asegurar su casa, un botón de pánico y un chaleco antibalas. Ninguna de esas cosas llegó. Lo que sí llegó fue otro ataque, en mayo, mientras viajaba con su hijo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que el Mecanismo incurrió en irregularidades y omisiones graves y dejó a la familia en total indefensión. Y el caso de Gustavo tiene compañía.

En marzo de 2024, el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional documentaron que al menos ocho periodistas fueron asesinados en siete años mientras estaban inscritos en el Mecanismo federal. En el mismo periodo, las solicitudes rechazadas pasaron de una en 2020 a 14 en 2021 y a 49 en 2022, y sumaron otras 49 entre enero y noviembre de 2023. A finales de ese año había 651 periodistas inscritos. La puerta se cerraba para más gente al mismo tiempo que adentro tampoco se estaba seguro.

El sistema funciona con una pieza privada. Desde 2014, la empresa RCU Sistemas opera buena parte de las medidas: botones de asistencia, cámaras, alarmas, casas de seguridad y escoltas. La Auditoría Superior de la Federación la ha revisado más de una vez, y lo que encontró no es para dormir tranquilo.

En la Cuenta Pública 2020, sobre un contrato de 225 millones de pesos, la ASF halló escoltas subcontratados con una empresa que no estaba declarada. Tampoco había evidencia de que las alarmas funcionaran en 136 casos, y faltaban protocolos de emergencia y bitácoras de llamadas. En la Cuenta Pública 2023, de 129 botones revisados, 88 estuvieron apagados un mes completo. Un botón así es como un extintor sin carga colgado en la pared: da tranquilidad justo hasta el día del incendio.

Aun con esos antecedentes, en los primeros siete meses de 2026 Gobernación le entregó a la misma empresa tres contratos por adjudicación directa que suman 197.8 millones de pesos. ¿Cuántas observaciones de auditoría necesita un proveedor para dejar de recibir contratos? La respuesta llegó en agosto, aunque no por la ASF.

El 21 de agosto de 2026, Gobernación anunció que terminará el contrato con RCU Sistemas. Se reconocieron quejas de los beneficiarios, se negaron fallas graves en el sistema y se informó que el nuevo proveedor está por definirse. En los primeros siete meses del año fueron asesinados siete periodistas en el país.

Para quien esté inscrito, hay pasos concretos. Se puede pedir por escrito copia de las medidas aprobadas y la fecha en que deben instalarse. Conviene documentar cada falla, con fecha y hora, y presentar queja ante la CNDH si una medida no llega. Un correo con acuse de recibo, como el que mandó Gustavo, puede convertirse en la prueba de que el Estado sabía.

El último correo de Gustavo Sánchez preguntaba por una protección que ya le habían prometido. La respuesta llegó tarde, en forma de recomendación de la CNDH. La pregunta que queda para compartir es brutal por sencilla: ¿cuántos días puede esperar una medida de protección antes de volverse un epitafio?