Más de tres años y medio sin entregar los contratos de Pegasus

En julio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó un amparo que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar versiones públicas de dos contratos: el DN-10 SAIT-1975/P/2019 y el DN-10 SAIT-1938/P/2018. La orden original la dictó el INAI en enero de 2023. Más de tres años y medio después, y con sentencia firme de por medio, los papeles no han salido del cajón. La pregunta ya no es qué dicen esos contratos, sino quién puede hacer que se abran.

Los documentos no son cualquier trámite. Son los contratos que organizaciones de derechos digitales vinculan con la compra de Pegasus, el programa espía que, una vez instalado en un teléfono, deja leer mensajes, revisar fotos y encender a escondidas el micrófono y la cámara. Pedir que se hagan públicos no es chisme: es saber cuánto se pagó, a quién y para qué con dinero público. Y la Defensa tiene su propia versión de por qué no puede.

El argumento militar fue que no había forma de hacer versiones públicas de información reservada en su totalidad. El tribunal no lo compró: desechó los alegatos y dejó claro que el plazo para cumplir estaba vencido desde hace tiempo. Es como el vecino que pierde el juicio por la barda y sigue sin moverla, pero con uniforme y presupuesto federal. Lo que sigue es ver si alguien se atreve a hacerla cumplir.

El asunto importa porque no es teoría. Entre 2019 y 2022, análisis forenses independientes confirmaron infecciones con Pegasus en teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Varios de ellos investigaban abusos atribuidos a las fuerzas armadas. Los contratos serían la pieza que conecta la herramienta con quien la compró.

Mientras el litigio avanzaba, las reglas del juego cambiaron. El INAI desapareció, y desde el 21 de marzo de 2025 la Plataforma Nacional de Transparencia opera bajo Transparencia para el Pueblo, un órgano de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sin autonomía. Las causales para reservar información pasaron de 13 a 17 e incluyen conceptos como la “paz social”. ¿Quién le pide cuentas al gobierno si el árbitro también cobra en la nómina del gobierno?

Aquí hay una paradoja con sabor a novela. La orden que hoy se discute la dictó un órgano que ya no existe, y aun así sigue viva, porque los tribunales la consideran vinculante. El caso se volvió la prueba de fuego para medir si las resoluciones de transparencia sobreviven al cambio de régimen o se evaporan con él.

Lo que sí sigue en pie es el derecho de cualquier persona a preguntar. Se entra a plataformadetransparencia.org.mx, se elige Federación y se escribe la solicitud con claridad. La dependencia tiene 20 días hábiles para responder. Si la respuesta no convence, se presenta un recurso de revisión ante Transparencia para el Pueblo. No hace falta abogado para empezar.

Para el caso Pegasus, lo que viene es el cumplimiento de la sentencia. La Ley de Amparo prevé que una autoridad que se niega a cumplir un amparo firme pueda ser separada de su cargo. Hasta ahora, ese escenario no ha llegado, y la Defensa no ha entregado los documentos.

Un contrato de gobierno no es un secreto de familia: se paga con los impuestos de todos, desde el que vende tamales en la esquina hasta el que despacha en Palacio. Cuando un tribunal le ordena al Ejército enseñar un papel y el papel no aparece, la pregunta que queda para la sobremesa es incómoda y sencilla: ¿quién manda aquí?