B2,020 periodistas y defensores protegidos: sus datos cambian de manos

Por Bruno Cortés

El 21 de agosto de 2026, Gobernación anunció que terminará el contrato con RCU Sistemas. Es la empresa que desde 2014 opera los botones de asistencia, las cámaras, las alarmas, las casas de seguridad, los teléfonos satelitales y los escoltas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La noticia cayó como agua de mayo para quienes llevaban años quejándose del servicio. Pero dejó en el aire una pregunta que da escalofrío: ¿qué pasa con todo lo que esa empresa sabe?

Y sabe mucho. Un botón de asistencia no es un llavero: manda señales y ubica a quien lo porta. Una cámara instalada en casa graba quién entra y quién sale. Un escolta conoce horarios, rutas y costumbres. Juntos arman el mapa más sensible del periodismo mexicano, y ese mapa, hasta ahora, vive en manos privadas.

La estadística oficial al 31 de mayo de 2026 registraba 2,020 personas bajo protección: 690 periodistas y 1,330 defensores de derechos humanos. Donde más hay es la Ciudad de México, con 216, seguida de Oaxaca, con 195, y Michoacán, con 163. En agosto, desde Gobernación se habló de cerca de 3,000 beneficiarios. La diferencia entre ambas cifras no es un detalle de contaduría: es la primera pregunta que el gobierno tendrá que contestar.

La segunda pregunta es de dinero. En los primeros siete meses de 2026, Gobernación entregó a la misma empresa tres contratos por adjudicación directa que suman 197.8 millones de pesos: 64 millones para febrero y marzo, 123.8 millones de abril a julio, y 10 millones más para medidas cautelares. Todo eso se firmó cuando la Auditoría Superior de la Federación ya había prendido los focos rojos.

La revisión de la Cuenta Pública 2023 encontró que, de 129 botones revisados, 88 estuvieron apagados un mes completo sin que nadie lo corrigiera. La de 2020, sobre un contrato de 225 millones, halló escoltas subcontratados con una empresa no declarada y 136 casos sin evidencia de que las alarmas funcionaran. ¿De qué sirve un botón de pánico si del otro lado nadie contesta? Y si esos aparatos a veces ni prendían, lo que sí guardaban es otro cantar.

Aquí entra el hueco legal. Desde marzo de 2025 ya no existe el INAI, el órgano autónomo que vigilaba cómo el gobierno maneja los datos personales. Su tarea pasó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mediante un órgano sin autonomía. La nueva ley tampoco regula de forma específica los datos de geolocalización. Es como cambiar de casero sin que nadie revise quién se quedó con copia de las llaves.

En el anuncio del cierre, desde Gobernación se admitió que el cambio no es sencillo y que el proveedor sustituto está por definirse. Se reconocieron quejas de los beneficiarios, pero se negaron fallas graves en el sistema. Mientras tanto, en los primeros siete meses de 2026 fueron asesinados siete periodistas en el país. Hasta ahora no se ha hecho público ningún protocolo sobre qué pasará con los datos que acumuló la empresa saliente.

Para quien esté inscrito, hay algo concreto que hacer. El artículo 16 de la Constitución reconoce los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos personales, conocidos como derechos ARCO. Cualquier beneficiario puede pedir por escrito a Gobernación qué datos suyos existen, quién los resguarda y qué se hará con ellos al terminar el contrato. No cuesta un peso y deja constancia.

Lo que viene es la contratación del nuevo proveedor, y ahí se juega todo. Tendrían que hacerse públicos el contrato saliente con sus cláusulas de confidencialidad y devolución de información, el plan de transición y las reglas que obligarán a la nueva empresa. Sin eso, el relevo sería de uniforme, no de fondo.

Durante doce años, el mapa de quienes están en mayor peligro por informar o defender derechos estuvo en manos de una sola empresa privada. Ahora esa empresa se va. La pregunta que vale la pena hacerle a quien tengas enfrente es sencilla: si tu ubicación estuviera en ese mapa, ¿a quién se la confiarías?