La brecha entre INEGI y Secretariado crece mientras caen homicidios

Durante seis años, las dos instituciones que cuentan muertos en México difirieron en una proporción estable: el INEGI registraba entre 24 y 28 por ciento más homicidios que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa brecha era conocida, explicable y previsible. En 2025 se disparó a 45.4 por ciento.

El dato importa porque las dos mediciones no cuentan lo mismo. El Secretariado suma carpetas de investigación abiertas por las 32 fiscalías estatales. El INEGI cuenta actas de defunción certificadas por médicos legistas y servicios forenses. Una depende de que el aparato de procuración de justicia clasifique un cuerpo como homicidio doloso; la otra depende únicamente de que exista un cadáver con un certificado firmado.

La serie histórica no admite lectura ambigua. En 2019 el INEGI contabilizó 36 mil 661 defunciones por agresión frente a 29 mil 406 víctimas de homicidio doloso del Secretariado: siete mil 255 de diferencia. En 2022 la brecha fue de siete mil 15. En 2023, de seis mil 981. En 2024 saltó a ocho mil 87. Y con la cifra preliminar del primer semestre de 2025 proyectada al año completo, la diferencia alcanza nueve mil 71 muertes.

La aceleración es lo que llama la atención. Entre 2024 y 2025 el registro del Secretariado cayó 21.5 por ciento. El del INEGI, apenas 13.4. Casi ocho puntos porcentuales de divergencia en un solo ejercicio, después de un lustro de comportamiento paralelo.

Aplicada al año en curso, la proporción arroja un número incómodo. El promedio de 49.7 homicidios dolosos diarios reportado para el primer semestre de 2026 equivale a 18 mil 140 víctimas anuales. Si la brecha se sostiene, el registro de defunciones cerrará el año cerca de 26 mil 375. La diferencia son ocho mil 234 muertes violentas que la estadística de seguridad pública no captura: 22.6 al día.

El gobierno federal presentó el 14 de julio su corte consolidado al 30 de junio. El promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, una reducción de 48 por ciento, con junio como el mes más bajo de toda la serie desde 2015. Ocho entidades concentraron el 54 por ciento del total nacional: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Veracruz.

Ninguna de esas cifras es falsa. El problema es que miden una sola cosa y se presentan como si midieran todas.

Hay una segunda ruta por la que se pierden muertos, y está documentada en las propias bases oficiales. La categoría “otros delitos contra la vida y la integridad corporal” —un rubro que por definición debería ser residual y estable— acumula un crecimiento de 368.3 por ciento desde 2015. En paralelo, el homicidio culposo sube en entidades donde el doloso cae. Ambos comportamientos son estadísticamente inverosímiles como fenómenos criminales autónomos, y perfectamente explicables como decisiones de clasificación.

El caso mejor documentado ocurrió en Sinaloa. Durante diciembre de 2025, la fiscalía estatal dejó 38 muertes fuera del conteo de homicidios dolosos, distribuyéndolas en rubros como “causa de muerte por determinar”, “homicidio por enfrentamiento” y “agresión a la autoridad”. Entre ellas, un hombre localizado maniatado, con huellas de tortura y un mensaje junto al cuerpo.

A ese panorama se suma un cambio metodológico ejecutado a mitad del sexenio. El nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva amplió el catálogo de 53 a 71 tipos de delito, modificando criterios de captura vigentes durante una década. Cualquier serie estadística que altera su canasta de medición mientras se le exige comparabilidad histórica queda, por construcción, bajo sospecha técnica.

La percepción ciudadana, mientras tanto, sí se movió a favor del discurso oficial. La encuesta urbana de junio de 2026 ubicó la percepción de inseguridad en 59.8 por ciento, contra 61.5 en marzo y 63.2 un año antes, con cambio estadísticamente significativo. Aunque el desglose matiza: de 18 ciudades con variación relevante, doce mejoraron y seis empeoraron, y seis de cada diez adultos siguen considerando insegura la ciudad donde viven.

Existe además una hipótesis que no requiere manipulación alguna y que resulta más inquietante que el maquillaje. Organizaciones especializadas plantean que la reducción del homicidio puede reflejar consolidación de control criminal territorial: grupos que ya no necesitan el asesinato visible para imponer su autoridad. Bajo esa lectura, menos cadáveres en la vía pública no significa menos poder criminal, sino más.

La distinción no es académica. Si la baja es real y producto de la política de seguridad, es la mejor noticia mexicana en quince años. Si es producto de la clasificación, es fraude estadístico. Y si es producto de un control criminal más eficiente, es una pacificación que el Estado no conquistó sino que le fue concedida.

Las tres hipótesis se resuelven con el mismo instrumento: abrir las bases, publicar el desglose por mecanismo de muerte, y permitir que la cifra definitiva del registro de defunciones se contraste sin intermediación política. Mientras eso no ocurra, la brecha seguirá siendo el dato más elocuente del expediente.