Ceuta alerta por llegada masiva de menores migrantes tras crisis inédita

La crisis migratoria que golpeó a Ceuta a finales de julio mantiene bajo presión a las autoridades locales. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, advirtió este miércoles 5 de agosto de 2026 que la llegada de menores migrantes ha llevado al sistema de acogida a una situación que calificó de “insostenible”.

De acuerdo con las autoridades españolas, unas 72 mil personas entraron en Ceuta durante la crisis migratoria de la semana pasada, principalmente a nado o a pie desde Marruecos. Alrededor de 70 mil ya abandonaron la ciudad, mientras que miles de personas permanecen todavía en el territorio.

En el caso de los menores no acompañados, Vivas aseguró que la ciudad atiende actualmente a alrededor de 1,100, una cifra que, según sus cálculos, representa un 2,600% por encima de la capacidad crítica del sistema de acogida.

“Es una situación absolutamente insostenible”, afirmó el presidente ceutí en declaraciones a la televisión pública española.

Ceuta pide ayuda al Gobierno de España

Vivas pidió al Gobierno de España que intervenga para aliviar la presión que enfrenta la ciudad autónoma y permita distribuir a los menores entre otras comunidades.

El presidente de Ceuta aseguró que todavía hay menores que permanecen en las calles, parques y playas de la ciudad, una situación que calificó como una “prioridad”.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, también reconoció la preocupación por los menores que continúan fuera de los centros de acogida.

Según información difundida este miércoles, el Gobierno central trabaja en un eventual traslado de menores a otras comunidades autónomas y ha advertido que, si alguna administración se niega a cumplir con sus obligaciones legales, podría intervenir la Fiscalía de Menores.

¿Cuántos migrantes siguen en Ceuta?

La magnitud de la crisis comenzó a reducirse rápidamente después de la entrada masiva.

De las aproximadamente 72 mil personas que llegaron durante el episodio, alrededor de 70 mil ya habían abandonado Ceuta para regresar a Marruecos o salir del territorio, según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior español.

El delegado del Gobierno estimó este miércoles que todavía permanecen en la ciudad unas 2,500 personas, entre ellas alrededor de 500 menores no acompañados, aunque las cifras sobre menores han variado conforme las autoridades realizan registros y verificaciones.

El Gobierno local, por su parte, había informado previamente de 862 menores bajo su atención y calculaba que tendría que prepararse para atender a más de un millar.

La diferencia entre las cifras responde, en parte, a que el proceso de identificación y registro continúa después de la llegada masiva.

¿Qué pasó en Ceuta?

La crisis migratoria se produjo a finales de julio de 2026, cuando decenas de miles de personas intentaron entrar desde Marruecos hacia el enclave español situado en el norte de África.

Muchos cruzaron a nado por la zona fronteriza, mientras que otros llegaron a pie.

La dimensión del episodio fue excepcional para Ceuta. El volumen de personas que ingresaron en un periodo muy corto obligó a las autoridades a desplegar recursos de emergencia y a reforzar los mecanismos de atención.

El Gobierno español ha descrito la situación como una crisis extraordinaria, mientras que Vivas ha reclamado una mayor respuesta estatal para evitar que la ciudad vuelva a quedar desbordada.

Gobierno español defiende que el episodio era imprevisible

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rechazó las críticas relacionadas con una posible falta de previsión del Ejecutivo.

El funcionario sostuvo que la magnitud de la crisis fue excepcional y que, de acuerdo con la información disponible previamente, el volumen de entradas registrado era difícil de anticipar.

Vivas, sin embargo, aseguró que había advertido al Gobierno central días antes de que se estaba registrando un “intenso flujo de entradas” en Ceuta.

El presidente de la ciudad autónoma afirmó que incluso solicitó declarar una emergencia nacional, pero que el Ejecutivo consideró que esa figura no era jurídicamente aplicable en esas circunstancias.

El conflicto por el reparto de menores

Uno de los principales problemas ahora es determinar cómo se distribuirá a los menores que permanecen en Ceuta.

La legislación española establece mecanismos para que las comunidades autónomas colaboren en la atención de menores migrantes no acompañados cuando una región enfrenta una situación de tensión extraordinaria.

El objetivo es evitar que la responsabilidad recaiga exclusivamente en territorios fronterizos como Ceuta, Melilla y Canarias, que reciben una presión migratoria mayor que otras partes de España.

Sin embargo, el traslado ha generado un conflicto político.

Algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) en coalición con Vox han expresado su rechazo a recibir a estos menores. Vox mantiene una postura contraria al reparto y defiende políticas migratorias más restrictivas.

El vicepresidente Cuerpo recordó que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir la legislación vigente.

El PP enfrenta diferencias por la acogida

La crisis también abrió una discusión dentro del propio Partido Popular.

Mientras dirigentes nacionales del partido han señalado que las administraciones deben cumplir la ley, Vox ha anunciado una oposición frontal al reparto de menores en las comunidades donde gobierna junto al PP.

Vivas, quien también pertenece al PP, ha centrado sus críticas en el Gobierno central, al que reclama una respuesta para aliviar la presión sobre Ceuta.

La discusión se produce mientras el Ejecutivo español prepara mecanismos para distribuir a los menores entre distintas comunidades.

Gobierno destina 25 millones de euros

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores no acompañados que llegaron a Ceuta durante la crisis.

Esta cantidad se suma a otros 5.5 millones de euros distribuidos previamente entre comunidades autónomas para atender a menores migrantes.

El dinero busca financiar alojamiento, alimentación, atención sanitaria, educación y otros servicios necesarios para los menores mientras se determina su situación y, cuando corresponda, su posible traslado a otras comunidades.

La situación legal de los menores

La atención a los menores también tiene una dimensión jurídica.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado preocupación por posibles devoluciones irregulares de menores que ingresaron durante la crisis.

La Fiscalía no había abierto hasta este miércoles una investigación de oficio por estas denuncias, ni había recibido una denuncia formal relacionada con las devoluciones de menores durante el episodio reciente.

El asunto adquiere especial relevancia porque el Tribunal Supremo de España determinó en 2024 que las devoluciones de menores realizadas durante la crisis de Ceuta de 2021 fueron ilegales al no respetarse los procedimientos establecidos en la legislación española.

Además, en julio de 2026, el Supremo estableció que el mecanismo de rechazo en frontera no puede aplicarse de manera automática a personas interceptadas en el mar cuando intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla.

Ceuta mantiene la alerta

Aunque la mayoría de las personas que entraron durante la crisis ya abandonó la ciudad, las autoridades locales consideran que la emergencia no ha terminado.

El reto inmediato es atender a los menores que permanecen en Ceuta, identificar a quienes necesitan protección y organizar su posible traslado a otras comunidades.

Al mismo tiempo, las autoridades españolas deberán reforzar la vigilancia de la frontera y coordinarse con Marruecos para evitar una nueva llegada masiva.

Este jueves, el presidente Juan Jesús Vivas tiene previsto reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Mallorca, para abordar la situación generada por la crisis migratoria.

Mientras tanto, Ceuta continúa solicitando apoyo al Gobierno central ante una situación que, de acuerdo con sus autoridades, ha llevado al sistema de acogida de menores mucho más allá de su capacidad operativa.