Alito vs. Montiel: la pelea por el artículo 61 que te afecta

El pleito entre el PRI y Morena subió un peldaño este 4 de agosto: el presidente nacional del PRI y senador de la República, Alejandro Moreno Cárdenas, respondió en redes sociales a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien había calificado de “mañoso” su argumento de invocar el artículo 61 constitucional para sostener sus acusaciones contra el partido guinda. En su mensaje, publicado desde su cuenta oficial, Moreno defendió que ese artículo establece con claridad que las opiniones de los senadores son inviolables y no pueden ser objeto de reconvención, y remató con una frase que ya corre por todos los pasillos de Palacio: “Ahora resulta que ejercer un derecho constitucional es actuar con maña”. El intercambio no es un tuit suelto: es el capítulo más reciente de un enfrentamiento que ya tiene expediente, medidas cautelares y hasta peticiones a gobiernos extranjeros.

Para entender la bronca hay que abrir la Constitución por la página correcta. El artículo 61 establece que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y que jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Es un blindaje diseñado para que un legislador pueda hablar sin miedo desde tribuna, no un comodín para decir lo que sea en cualquier escenario. Y ahí está justo el meollo del asunto: Montiel sostiene que Moreno actúa “desde su figura de presidente de partido y no de senador de la República”, es decir, que el fuero legislativo no le cubre las declaraciones que hace como dirigente priista en redes sociales. Como quien usa el uniforme del trabajo para irse de fiesta: la pregunta es si el uniforme lo protege fuera de la chamba.

El cruce de declaraciones tiene ya un rastro institucional. Según informó la propia Montiel, el Instituto Nacional Electoral dictó medidas cautelares que obligaron a Moreno a retirar 5 publicaciones de redes sociales en las que, a juicio de Morena, hizo imputaciones falsas contra el movimiento; el órgano electoral habría prohibido incluso términos como “narcopartido”. Pese a ello, la representación jurídica de Morena presentó en los últimos días una nueva queja contra el PRI, al considerar que el dirigente tricolor siguió incurriendo en las mismas conductas. “El INE le dictó medidas cautelares para bajar cinco publicaciones donde hay imputaciones falsas hacia nuestro Movimiento, pero sigue infringiendo la ley”, afirmó Montiel. “Nosotros no vamos a dejar de defender a Morena y la verdad.”

¿Qué fue lo que dijo Moreno en esas publicaciones y en su mensaje de hoy? El senador priista acusó al gobierno de Morena de llegar al poder “con el respaldo electoral de los cárteles del crimen organizado”, de entregar posiciones de gobierno a “personajes que trabajan para los criminales” y de proteger a políticos vinculados con la delincuencia. Son señalamientos graves que, hasta el momento, el dirigente no ha acompañado de pruebas presentadas ante autoridad judicial alguna, y que Morena ha rechazado de manera categórica. En su mensaje, Moreno también arremetió contra las consultas ciudadanas impulsadas por el oficialismo, a las que llamó “falsas”, y vaticinó: “Estos cínicos, corruptos, criminales, mañosos y mafiosos de Morena van a caer”.

La dirigente de Morena no se quedó con los brazos cruzados. Además de la queja ante el INE, Montiel acusó a Moreno de basar su estrategia política “en las mentiras y en la difamación”, y sentenció que “el PRI siempre se ha brincado la ley”. La bancada guinda en el Senado ha cerrado filas: legisladores como Ignacio Mier y la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez, han condenado lo que describen como llamados constantes al odio por parte del priista, a quien atribuyen una narrativa de “narcogobierno” pensada para asustar a los jóvenes. Mier, con la guasca que lo caracteriza, comparó al PRI con “un cascarón que solo hace ruido cuando tú lo pateas”.

Este round verbal no nació ayer. En mayo pasado, Moreno envió una petición al gobierno de Estados Unidos para solicitar que Morena sea clasificado como organización terrorista, argumentando presuntos nexos del partido con el narcotráfico en procesos electorales; Montiel respondió entonces que se trataba de “una solicitud disfrazada de intervención extranjera”. El antecedente inmediato de fondo es el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con grupos criminales y en la mira de autoridades estadounidenses, expediente que la oposición ha utilizado para exigir su extradición y para sostener el discurso contra el oficialismo. Cada nuevo capítulo de ese caso alimenta la artillería de ambos bandos.

Y aquí conviene bajarle dos rayitas al volumen y subirle al rigor. Las acusaciones de Moreno son eso: acusaciones políticas, sin sentencia ni proceso judicial que las respalde hasta hoy. Las respuestas de Montiel son, igualmente, posicionamientos partidistas. Lo que sí está documentado es el procedimiento electoral: medidas cautelares del INE, publicaciones retiradas y una queja nueva en trámite, cuya resolución marcará si el artículo 61 ampara al senador o si, como sostiene Morena, las declaraciones se hicieron con la camiseta del partido puesta. ¿Puede un dirigente hablar como legislador cuando habla como dirigente? Esa es la pregunta que las autoridades electorales tendrán que responder, y su respuesta sentará precedente para todas las campañas venideras.

Para el ciudadano de a pie, el que ve el pleito desde la banqueta con su café en la mano, hay una consecuencia práctica: el debate sobre qué puede decir un funcionario sin ser sancionado define el piso de la discusión pública rumbo a los procesos electorales que vienen. Si el INE y, en su caso, el Tribunal Electoral avalan la lectura amplia del artículo 61, los dirigentes tendrán manga ancha para acusar sin pruebas; si la acotan, se abrirá una etapa de exigencia de sustento para cada señalamiento. En uno y otro escenario, la pugna PRI-Morena promete más capítulos: Moreno aseguró que “los pactos terminarán por salir a la luz” y que “son tantos los involucrados que varios ya buscan acuerdos para salvar el pellejo”, mientras el oficialismo apuesta a que la vía electoral le ponga freno.

Al final, esta pelea deja una enseñanza que no está en ningún comunicado: en México la Constitución se cita en los tribunales, sí, pero cada vez más se litiga en los trending topics. El artículo 61 fue escrito para proteger la palabra del legislador, no para volverse trending ni escudo de campaña; sin embargo, ahí está, en el centro de la disputa, como esa plancha de la esquina donde todos los coches se estacionan aunque haya señal de prohibido. La próxima vez que veas a dos políticos pelearse en redes citando la Carta Magna, pregúntales lo que le preguntarías a cualquier vecino ruidoso: ¿tú ya leíste el reglamento completo o nomás la parte que te conviene?