Alito denuncia a tres consejeros del INE con la Ley Magnitsky

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presentó este lunes 10 de agosto una denuncia formal ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral. La razón: la orden del INE de retirar nueve publicaciones en redes donde el priista y su partido calificaban a Morena como “narcopartido”, “narcogobierno” y “Cártel de Morena”. Moreno argumenta que se trata de una restricción a la libertad de expresión y busca que se revise bajo la Ley Global Magnitsky.

La decisión del INE llegó a finales de julio. La Comisión de Quejas y Denuncias, integrada por Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, resolvió por unanimidad que esas expresiones podían constituir la imputación de hechos o delitos falsos. Ordenaron bajar cinco publicaciones de la cuenta personal de Moreno y cuatro de las cuentas oficiales del PRI. El instituto electoral consideró que vincular a Morena con el narcotráfico carecía de sustento fáctico suficiente para mantenerse en circulación.

Moreno no se quedó callado. Acusó al INE de actuar “sometido” al poder y de priorizar la protección del partido gobernante por encima de la crítica política. En su mensaje de este lunes explicó que presentó la denuncia para que las autoridades estadounidenses revisen las actuaciones de los tres consejeros a la luz de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. ¿Qué tan lejos puede llegar una pelea política cuando se cruza la frontera?

La Ley Magnitsky, originalmente creada en 2012 tras la muerte del abogado ruso Sergei Magnitsky y ampliada a escala global en 2016, permite a Estados Unidos imponer sanciones a personas extranjeras por graves violaciones a derechos humanos o actos significativos de corrupción. Entre las posibles consecuencias están el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de entrada al país. Moreno citó como precedente el caso del juez brasileño Alexandre de Moraes, sancionado en julio de 2025 por lo que Washington consideró acciones contra la libertad de expresión.

El dirigente priista no se limitó a la vía estadounidense. Confirmó que el PRI ya impugnó la resolución del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, anunció que presentará denuncias ante la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “No nos van a callar”, escribió en su cuenta de X.

Para el lector de a pie, el asunto puede sonar lejano, como una pelea de cuates en la cantina que se sale de control. Pero el fondo toca algo más cotidiano: los límites de lo que se puede decir en redes cuando se habla de partidos y poder. La medida cautelar del INE no prohíbe toda crítica, pero sí ordena retirar un tipo específico de acusación que el organismo electoral consideró calumniosa. La pregunta que queda flotando es dónde termina la crítica política y dónde empieza la imputación de delitos sin pruebas.

Hasta el momento no hay respuesta pública del INE ni de los consejeros señalados. Tampoco hay indicio de que el Departamento de Estado haya aceptado o rechazado la solicitud de revisión. Lo que sí está claro es que Moreno escaló el conflicto a un terreno donde las sanciones no son automáticas: dependen de una evaluación de evidencia por parte de las autoridades estadounidenses.

El caso se suma a una tensión creciente entre oposición e instituciones electorales en un momento en que las reglas del juego político siguen bajo escrutinio. Mientras tanto, las nueve publicaciones que originaron todo este lío ya deberían haber sido retiradas o modificadas, según la orden del INE. El resto del proceso, tanto en tribunales mexicanos como en foros internacionales, apenas comienza.

¿Seguirá siendo “narcopartido” una palabra prohibida en la cancha electoral o se convertirá en el nuevo campo de batalla de la libertad de expresión en México?