Dónde se pierde un muerto en el sistema forense mexicano

Hay un punto exacto del aparato estatal mexicano donde una persona asesinada deja de existir para efectos estadísticos, y no está en ninguna fiscalía ni en ninguna conferencia de prensa. Está en el momento en que un cuerpo sin identidad ingresa a un servicio médico forense que no tiene capacidad para procesarlo.

A partir de ahí, ese cuerpo no genera identificación, no genera causa de muerte determinable, con frecuencia no genera fecha de defunción confiable y, por lo tanto, no ingresa al año estadístico que le corresponde. No aparece como homicidio, no aparece como desaparecido resuelto y no aparece como pendiente. Simplemente deja de contar.

El sistema que produce esa desaparición administrativa tiene números públicos y son los siguientes. Los anfiteatros del país cuentan con capacidad aproximada para 15 mil cadáveres. Los servicios periciales recibieron cerca de 100 mil cuerpos el año pasado, un incremento de 5.4 por ciento respecto al anterior. La sobrecarga es de 6.7 a uno.

De los 937 laboratorios periciales existentes en el país, 699 no están certificados. Tres de cada cuatro. La certificación no es un trámite decorativo: define si un resultado genético puede sostenerse ante un juez o si se convierte en papel sin valor probatorio.

El dato más grave, sin embargo, es el de personal especializado. Para 2023, México contaba con 32 peritos en antropología forense en todo el territorio nacional. Contra las más de 79 mil personas fallecidas cuya identidad se desconoce al cierre de 2024, la proporción es de dos mil 469 cuerpos por cada especialista.

Ese número traducido a tiempo es el argumento definitivo. Bajo el supuesto más favorable posible —jornada completa, veinte horas de trabajo por identificación, sin interrupciones y sin ingresos nuevos— el país tardaría 27 años en abatir únicamente el rezago acumulado. Como los ingresos no se detienen, la conclusión aritmética es que el rezago nunca cierra. No se trata de lentitud institucional. Se trata de imposibilidad matemática.

La cifra de cuerpos sin identidad ha crecido en cada medición disponible. En 2021, la primera aproximación desde la sociedad civil ubicó el universo por encima de 52 mil. La Plataforma Ciudadana de Fosas documentó que más de 72 mil cuerpos ingresaron sin identificar a los servicios forenses entre 2006 y 2023. Un cálculo posterior, elaborado con base en los proyectos ejecutivos de las comisiones locales de búsqueda, elevó la estimación por encima de 79 mil al 31 de diciembre de 2024.

Ninguna de esas cifras es oficial. El número de cuerpos sin identificar en México nunca ha sido construido de manera formal desde el Estado.

El desglose regional muestra el mismo patrón replicado. En Guerrero, el servicio forense de Acapulco dispone de cinco cámaras frigoríficas para 400 cuerpos y opera de forma sostenida en el límite o por encima de él, con fallas recurrentes de refrigeración que obligan a trasladar cadáveres hacia Chilpancingo, donde tres cámaras diseñadas para 250 cuerpos enfrentan la misma saturación; el centro estatal de resguardo acumula más de mil cuerpos desde 2016. En Chihuahua, la respuesta oficial a una solicitud de información reportó cinco mil 873 cuerpos no identificados bajo resguardo pericial, además de 103 segmentos y 307 restos humanos.

El Estado tampoco concuerda consigo mismo sobre la escala del problema. Entre 2006 y 2024, las fiscalías estatales reportaron cinco mil 532 fosas clandestinas mientras la Fiscalía General de la República reconoció 630 en el mismo periodo. La diferencia es de cuatro mil 902 sitios: casi nueve veces, entre dos órganos del mismo aparato de procuración de justicia.

Todo lo anterior explica por qué el registro de defunciones del INEGI —que este reportaje ha usado como contrapeso frente a las cifras de seguridad pública— tampoco puede considerarse un total, sino apenas un piso más alto. La información que lo alimenta proviene de certificados emitidos por la Secretaría de Salud y llenados por servicios médicos, institutos forenses y agencias del ministerio público. El instituto agrega, codifica y publica; no verifica. Un certificado mal llenado se convierte en estadística nacional con metodología impecable.

Existe una categoría diseñada para los casos donde el certificante no puede decidir: el presunto evento de intención no determinada, un rubro residual de la clasificación internacional. Durante 2024 el INEGI registró dos mil 663 muertes bajo ese criterio, porque la información disponible no permitía definirlas como presunto homicidio, suicidio, accidente o intervención legal. El 21.7 por ciento correspondió a Baja California, 11.3 a Guanajuato y 7.2 a Jalisco.

Ese número es demasiado bajo, y ahí está el hallazgo. Con 79 mil cuerpos sin identidad, cien mil ingresos anuales y tres cuartas partes de los laboratorios sin certificar, resulta inverosímil que apenas el 7.9 por ciento del volumen de homicidios haya quedado sin clasificar. Solo caben dos explicaciones: que los certificantes estén asignando una intención sin base técnica para no dejar el campo vacío, o que el cuerpo no identificado nunca llegue a generar un certificado computable. La segunda hipótesis implica decenas de miles de muertes que no están en ninguna estadística del país.

La categoría, además, se mueve. En la Ciudad de México, las muertes violentas sin clasificar cayeron 99 por ciento entre 2022 y 2023 —de mil 538 casos a nueve— mientras los accidentes aumentaron 82 por ciento y los suicidios 61 por ciento en el mismo periodo. Los especialistas que revisaron la serie calificaron el comportamiento como anormal y sin correspondencia con los patrones de mortalidad de la capital.

Queda entonces la pregunta que ordena esta entrega: si el aparato no puede contar, ¿es incapacidad o es decisión?

La respuesta está en una obligación legal incumplida. El Banco Nacional de Datos Forenses, la herramienta destinada a cruzar información genética, dactilar y de registro entre las 32 entidades, debía estar concluido desde 2019 por mandato de ley. Siete años después no existe en operación plena. La propia fiscalía federal ha sostenido posiciones contradictorias sobre su estado, declarando ante instancias judiciales que ya funcionaba mientras informaba a organismos internacionales que quedaría terminado hasta 2025 o 2026. Ese plazo también venció.

Comprar refrigeradores cuesta dinero. Formar antropólogos forenses toma años. Certificar 699 laboratorios exige presupuesto sostenido. Todo eso admite el argumento de la limitación material. Pero incumplir durante siete años una obligación establecida en ley, mientras se sostienen versiones distintas ante jueces y ante organismos internacionales, ya no describe a un Estado rebasado.

Describe a un Estado que decidió no saber.