Normalistas de Teteles exigen clases presenciales y atención a denuncias durante protesta en CDMX

Ciudad de México.— Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, mantienen una protesta en el Centro de la Ciudad de México que cumplió 24 horas, con afectaciones a la circulación en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, mientras se esperaba una mesa de diálogo con autoridades federales y del estado de Puebla para abordar sus demandas.

Las manifestantes exigen, entre otros puntos, el regreso a las clases presenciales en la Normal Rural, así como atención a señalamientos relacionados con presuntos actos de hostigamiento, represión e irregularidades durante el actual ciclo escolar. También solicitan la intervención de autoridades federales para exponer sus inconformidades y establecer compromisos sobre la situación de la institución.

La protesta ocurre después de varias semanas de desencuentros entre la comunidad estudiantil y las autoridades educativas de Puebla. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal informó el 1 de septiembre que la Normal cuenta con 389 estudiantes, 43 docentes y tres directivos, además de señalar que durante 2025 y 2026 se realizaron 29 mesas de trabajo con el Consejo Estudiantil para atender distintas solicitudes.

Uno de los principales puntos de controversia es la modalidad en que comenzó el ciclo escolar. La SEP de Puebla determinó que las actividades académicas iniciaran el 31 de agosto a distancia, bajo el argumento de garantizar el derecho a la educación y mantener la continuidad de los planes de estudio. La dependencia sostuvo que las alumnas reciben orientación pedagógica, clases y materiales didácticos.

La postura oficial contrasta con la exigencia de las estudiantes, quienes demandan recuperar la presencialidad y cuestionan las condiciones en las que se desarrolla la vida académica dentro del plantel. El conflicto, por tanto, no se limita al bloqueo en la capital, sino que refleja una disputa más amplia sobre la operación de la escuela, las condiciones de convivencia y la representación estudiantil.

La SEP estatal también informó que 25 alumnas de nuevo ingreso fueron reubicadas en otras escuelas normales y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional de Puebla, luego de que manifestaran haber recibido tratos inadecuados por parte de otras estudiantes. La dependencia indicó que estas situaciones fueron parte del diagnóstico presentado públicamente el 1 de septiembre.

En agosto, autoridades estatales ya habían instalado mesas de atención con participación de los tres niveles de gobierno para acompañar a estudiantes y familiares. El gobierno poblano aseguró entonces que buscaba mantener comunicación directa y dar seguimiento a los procesos académicos y administrativos de la institución.

Otro de los reclamos planteados durante la movilización es la liberación de un abogado y activista, cuya detención las manifestantes consideran arbitraria y relacionada con un señalamiento por despojo. Este punto forma parte de las peticiones que las estudiantes buscan llevar a una instancia federal, aunque la situación jurídica del detenido deberá determinarse conforme a las investigaciones y procedimientos correspondientes.

El bloqueo en Eje Central y avenida Juárez representa además un impacto directo para la movilidad del Centro Histórico, debido a que ambas vialidades concentran una importante carga vehicular. La permanencia de la protesta puede generar congestionamientos y obligar a conductores y transporte público a utilizar rutas alternas, mientras las autoridades capitalinas realizan cortes preventivos y labores de vialidad.

La mesa de diálogo prevista con la Secretaría de Gobernación y autoridades de Puebla representa un punto decisivo para intentar destrabar el conflicto. El reto será que las partes pasen de los pronunciamientos generales a acuerdos verificables sobre la modalidad educativa, las condiciones de seguridad y convivencia dentro de la Normal, así como la atención de las denuncias formuladas por las estudiantes.

El conflicto evidencia también la necesidad de que las autoridades garanticen simultáneamente el derecho a la educación, la seguridad de las alumnas y el derecho a la manifestación, evitando que la falta de acuerdos prolongue una disputa que ya repercute tanto en la comunidad educativa de Teteles como en la movilidad de la Ciudad de México.