¿Aseguramiento o desalojo? El caso Cairo 266 sacude a la CDMX

Ciudad de México.- El aseguramiento y vaciado del inmueble ubicado en Cairo 266, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, volvió a colocar bajo escrutinio la actuación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Habitantes, organizaciones civiles y especialistas cuestionan que el operativo, realizado el pasado 16 de julio, se ejecutara sin una orden judicial visible y sin previo aviso, dejando a decenas de familias fuera de sus viviendas.

De acuerdo con los testimonios recabados por diversos medios y organizaciones que acompañan a los afectados, el inmueble fue asegurado y desalojado durante un operativo encabezado por personal ministerial y elementos de seguridad. Los habitantes sostienen que nunca se les mostró una resolución judicial que autorizara el desalojo ni se les permitió defender su permanencia en el edificio antes de que éste fuera vaciado.

El caso ha cobrado relevancia porque el edificio de Cairo 266 no era un inmueble abandonado. Desde 2022, el Gobierno de la Ciudad de México lo había identificado como un predio susceptible de destinarse a un programa de vivienda social, mediante un proceso de expropiación que, sin embargo, nunca concluyó. Esa situación dejó al inmueble en un limbo jurídico que ahora es parte central de la controversia.

Las cifras sobre las personas afectadas varían entre las fuentes consultadas, aunque la mayoría coincide en que entre 36 y 40 familias perdieron de manera inmediata el acceso a sus hogares. Para los vecinos, el operativo significó un desalojo de facto, mientras que las autoridades lo han enmarcado dentro de las facultades ministeriales para asegurar bienes relacionados con investigaciones.

La polémica trasciende este caso en particular. Diversas organizaciones de defensa del derecho a la vivienda advierten que el uso del aseguramiento ministerial como mecanismo para retirar habitantes de un inmueble puede vulnerar garantías constitucionales cuando no existe una resolución emitida por un juez. El debate gira en torno a si una medida cautelar dentro de una investigación penal puede terminar sustituyendo un procedimiento judicial de desalojo.

El caso también revive señalamientos publicados previamente por el semanario Proceso, que documentó un presunto patrón de actuación en el que la Fiscalía Ambiental habría recurrido al aseguramiento de inmuebles habitados para desalojar a sus ocupantes sin pasar por un procedimiento civil o judicial específico. Dichos reportajes han abierto un debate sobre los límites legales de las facultades ministeriales y el equilibrio entre la persecución de delitos y la protección del derecho a la vivienda.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado públicamente sobre una resolución judicial relacionada con el operativo en Cairo 266 ni ha detallado las razones jurídicas que justificaron el aseguramiento del inmueble en los términos denunciados por los habitantes. Por su parte, colectivos vecinales y organizaciones de derechos humanos han solicitado transparencia sobre el expediente, así como la revisión de las actuaciones ministeriales.

El caso de Cairo 266 se suma a la discusión nacional sobre el derecho a la vivienda, el debido proceso y el alcance de las facultades de las autoridades ministeriales. Mientras las familias afectadas buscan recuperar sus pertenencias y acceder a mecanismos legales para impugnar la actuación oficial, el expediente podría convertirse en un referente para definir si los aseguramientos ministeriales pueden utilizarse, en los hechos, como una vía para desalojar inmuebles sin intervención judicial.

Fuentes: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); Gobierno de la Ciudad de México; cobertura periodística de Proceso; testimonios de habitantes y organizaciones de defensa del derecho a la vivienda.