Tu radio comunitaria pagará un defensor que Televisa ni lo siente
El reglamento de audiencias obliga a cada medio a pagar un defensor. Pero el Estado no sabe cuántos medios hay ni cuáles sobreviven.
Por Bruno Cortés
El gobierno federal quiere que cada estación de radio y televisión del país nombre un defensor de audiencias. El problema es de raíz: no tiene la lista completa de a quiénes se los va a exigir. Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, en consulta pública hasta el 21 de agosto, se construyeron sobre un supuesto que no se sostiene al primer jalón: que el Estado sabe cuántos medios existen en México. No lo sabe. Y esa laguna no es un tecnicismo de escritorio; es la diferencia entre una ley que se aplica parejo y una que solo alcanza a los grandes.
Aclaremos algo, porque la autoridad va a defenderse con esto: registro sí hay. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene un Registro Público de Concesiones, con base descargable actualizada al 25 de marzo de 2026, donde vienen los títulos de radio, televisión abierta y restringida. Padrón de concesiones existe. Lo que no existe es un padrón de sujetos obligados: la lista real, verificable, de cuántos medios están operando y a cuáles se les puede tocar la puerta para revisar que cumplan. Y entre una cosa y la otra cabe todo el país.
¿Por qué no es lo mismo? Porque un título de concesión no es un medio al aire. Al cierre de 2022 había 3,014 estaciones de radiodifusión concesionadas, pero solo 2,719 contaban con proyecto técnico de instalación. Es decir, 295 estaciones —casi una de cada diez— figuran en el papel sin parámetros de operación conocidos. ¿Esas nombran defensor? ¿Para qué audiencia, si no se sabe si están transmitiendo? El reglamento no lo aclara, y ahí empieza el hoyo.
El hoyo se vuelve barranca cuando uno voltea justo hacia donde el gobierno más presume: las radios comunitarias e indígenas. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias reportó que las concesiones de uso social, comunitario, indígena y afromexicano pasaron de 17 a poco más de 200 en una década. Suena a avance. Pero organizaciones como Cultural Survival documentaron que, frente a unas 50 concesiones comunitarias formalmente registradas, hay alrededor de 73 emisoras comunitarias operando en el país. La cuenta no cuadra por un motivo simple: cerca de 23 estaciones transmiten sin concesión, la mayoría en Oaxaca, Michoacán y el Estado de México. Radios que existen, que se escuchan, que informan a su gente todos los días, y que para el Estado son un fantasma.
Aquí es donde la pregunta se pone incómoda: ¿cómo verificas que una radio de la Sierra Norte de Puebla nombró a su defensor de audiencias, si ni siquiera sabes que esa radio existe? No puedes notificarla, no puedes revisarla, no puedes sancionarla. La obligación va dirigida a alguien que no aparece en ningún archivo oficial. Es como multar por no barrer la banqueta a una casa que no está en el mapa del catastro.
Y suponiendo que sí estuviera contada, viene el segundo golpe, más terrenal todavía: ¿con qué dinero? Una radio comunitaria opera con dos o tres personas, cooperación de la banda del pueblo y un transmisor amarrado con alambre y ganas. El reglamento le pide contratar y sostener a un defensor de audiencias —que además debe ser de la misma comunidad—, publicar informes semestrales de quejas, y montar subtitulaje y Lengua de Señas Mexicana en al menos un noticiario y un programa infantil diarios. Todo eso, en igualdad de circunstancias que una televisora nacional. La misma vara para el que tiene rascacielos y para el que tiene un cuartito con lámina.
Hagamos la traducción a la vida real. Para Televisa o Grupo Salinas, pagar un defensor de audiencias es lo que para una empresa grande es contratar a un velador: ni se despeinan. Para una radio indígena que sobrevive de milagro, es contratar a una cuarta persona que no levanta antena ni produce un solo programa. El instrumento que se vendió como una herramienta para democratizar los medios termina cobrándole carísimo, en proporción, precisamente a los medios más frágiles, y ni un centavo de esfuerzo real a los que podrían pagarlo mil veces. Un reglamento parejo en un país disparejo no es justo: es regresivo.
De ahí se entiende, por fin, por qué la negociación de estos días se está dando con las grandes cadenas y no con nadie más. No es que el gobierno haya escogido sentarse solo con los poderosos por gusto. Es que los poderosos son, literalmente, los únicos a quienes puede identificar, notificar y cobrar. Televisa, TV Azteca, Grupo Salinas, Radiorama, MVS, Izzi, Megacable, Claro TV: esos están perfectamente ubicados. Los otros cientos —comunitarias, indígenas, universitarias, cableros de pueblo— ni tienen quién los represente en la mesa ni figuran completos en el registro. La norma nace, sin que nadie lo haya dicho en voz alta, con una aplicación selectiva de fábrica.
Lo más revelador es que este agujero no es culpa de un solo gobierno. Desde 2014, cuando los derechos de las audiencias entraron a la ley, hasta hoy, nadie construyó el censo de medios que hacía falta para hacerlos operativos. Ni el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones en su época de autonomía, ni la actual Comisión Reguladora. Once años para armar una lista completa de medios, y todavía no la hay. Se está lanzando la casa por la ventana antes de saber cuántas ventanas tiene la casa.
¿Qué sigue para el lector? La consulta pública cierra el 21 de agosto en el portal de la Comisión, y cualquier persona puede opinar. La Presidencia adelantó que los lineamientos finales podrían conocerse esta misma semana o la próxima. Pero la pregunta de fondo se queda flotando, y vale la pena llevársela al del puesto de periódicos o a quien todavía prende la radio de su comunidad: si el Estado no sabe cuántos medios existen ni cuáles apenas sobreviven, ¿está protegiendo a las audiencias, o solo está poniendo una regla que únicamente los grandes van a tener que cumplir?
Deja un comentario