Comerciantes lanzan alerta por ambulantaje, extorsiones y bloqueos en el Centro Histórico

Empresarios y comerciantes del Centro Histórico elevaron el llamado al Gobierno de la Ciudad de México para que encabece una estrategia coordinada contra el ambulantaje, la inseguridad, las extorsiones y los bloqueos que afectan calles y vialidades estratégicas de la zona, al advertir que la acumulación de estos problemas comienza a traducirse en menores ventas, conflictos en el espacio público y riesgo para establecimientos formales.

La exigencia fue difundida en una columna de Guillermo A. Gazal Orduña publicada el 8 de septiembre en El Gráfico, donde se plantea la necesidad de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, impulse medidas de fondo para atender las condiciones que enfrentan los negocios establecidos. Los comerciantes plantean que los operativos aislados o los permisos temporales no resuelven un problema que requiere coordinación permanente entre las autoridades de gobierno, seguridad, movilidad y administración del espacio público.

Uno de los principales reclamos se concentra en el crecimiento del comercio informal no regulado. La problemática no sólo representa una competencia para los establecimientos que cumplen con obligaciones fiscales y administrativas, sino que también puede generar saturación de banquetas, dificultades para el tránsito peatonal y una mayor presión sobre una zona con alto valor histórico, turístico y comercial.

El propio Gobierno capitalino ha reconocido la necesidad de ordenar el Centro Histórico. En enero pasado, durante un operativo en el que fueron decomisados más de 50 mil vapeadores y cigarros electrónicos, la administración de Brugada señaló que uno de sus objetivos era recuperar el espacio público y anunció un plan maestro para el reordenamiento de la zona, con ejes relacionados con habitabilidad, movilidad, infraestructura, patrimonio, economía, cultura, turismo, seguridad y gobernanza.

El reto, sin embargo, está en convertir esos planteamientos generales en acciones verificables y sostenidas. La propia Alcaldía Cuauhtémoc mantiene entre sus trámites oficiales permisos para ejercer actividades comerciales en vía pública, bajo condiciones de temporalidad, revocabilidad e intransferibilidad, lo que evidencia que existe un marco administrativo para regular determinadas actividades, pero también la necesidad de fortalecer la supervisión sobre su cumplimiento.

El calendario oficial de romerías de la Ciudad de México también contempla actividades comerciales temporales durante las Fiestas Patrias, con reglas específicas sobre espacios, horarios, productos autorizados, limpieza y seguridad. Estas disposiciones muestran que la regulación del comercio temporal es posible cuando existen límites definidos; el desafío para las autoridades consiste en evitar que las autorizaciones se conviertan en mecanismos de ocupación permanente o desordenada del espacio público.

A la presión generada por el comercio informal se suma el impacto de bloqueos y manifestaciones. Las interrupciones en vialidades como Eje Central y Avenida Juárez pueden afectar el acceso de clientes, proveedores y trabajadores, además de alterar las rutas de transporte y la movilidad cotidiana de miles de personas. Para los comerciantes, el problema no radica en el ejercicio del derecho a la manifestación, sino en la duración, frecuencia y consecuencias económicas de los cierres prolongados.

La inseguridad constituye otro de los puntos centrales de la preocupación empresarial. De acuerdo con el planteamiento difundido por El Gráfico, comerciantes han señalado casos de amenazas y extorsiones que incluso habrían llevado al cierre de negocios. Se trata de un señalamiento que requiere atención institucional y, en su caso, investigación por parte de las autoridades competentes, particularmente porque la extorsión afecta tanto a la actividad económica como a la percepción de seguridad en una de las zonas con mayor concentración comercial y turística de la capital.

El Centro Histórico representa, además, un espacio donde confluyen patrimonio, comercio, turismo, vivienda, movilidad y actividades culturales. Por ello, cualquier estrategia de recuperación debe evitar soluciones parciales: retirar vendedores sin ofrecer alternativas de ordenamiento puede desplazar el problema, mientras que permitir ocupaciones indiscriminadas puede afectar a negocios establecidos, peatones y la conservación del entorno patrimonial.

En este contexto, el llamado de los comerciantes coloca al Gobierno capitalino ante la necesidad de definir una política pública con objetivos medibles: delimitar con claridad las zonas permitidas para el comercio en vía pública, reforzar la vigilancia, investigar denuncias de extorsión, garantizar la movilidad durante manifestaciones y establecer mecanismos de diálogo con comerciantes formales e informales.

El desafío para la administración de Clara Brugada no es únicamente recuperar calles o realizar operativos coyunturales, sino demostrar que existe una estrategia capaz de conciliar el derecho al trabajo, la libertad de manifestación, la seguridad, la movilidad y la protección del patrimonio. Para los empresarios del primer cuadro, la falta de resultados sostenidos podría profundizar el deterioro de una zona cuya actividad económica depende precisamente de que sus calles sean accesibles, seguras y ordenadas.