El marco normativo constitucional en México delimita la figura del gobernador como titular del Poder Ejecutivo local, asignándole la administración de recursos financieros públicos, la ejecución de la política pública del estado y la dirección de las dependencias estatales. Esta estructura institucional distribuye competencias específicas entre los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal—, fijando techos jurídicos y presupuestales a la actuación de los ejecutivos locales.
La estructura orgánica que comanda el gobernador se articula mediante secretarías de Estado, dependencias centralizadas y organismos descentralizados. A través de este aparato administrativo, el mandatario dirige secretarías clave como Gobierno, Finanzas, Seguridad Pública, Obras Públicas, Salud y Educación, además de comisiones y comités técnicos encargados de la infraestructura regional y la recaudación interna.
La principal facultad administrativa del gobernador radica en la elaboración y presentación del Paquete Económico Estatal ante el Congreso local, el cual incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. El ejecutivo estatal proyecta y recauda impuestos locales, derechos y aprovechamientos, aunque el grueso del gasto subnacional depende en un promedio del 80% al 90% de las participaciones (Ramo 28) y aportaciones (Ramo 33) transferidas por la Federación mediante la Ley de Coordinación Fiscal.
En materia presupuestaria, el gobernador no posee atribuciones de aprobación unilateral. Cada ejercicio fiscal requiere de la revisión, modificación y ratificación previa por parte del Congreso del Estado, instancia soberana encargada de fiscalizar el ejercicio del gasto a través de las Entidades Superiores de Fiscalización e imponer límites de endeudamiento público según los criterios del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el ámbito de la seguridad pública, la responsabilidad ejecutiva abarca la dirección de la Policía Estatal y el Sistema Penitenciario Local. Sin embargo, la investigación y persecución de delitos del fuero federal (como el crimen organizado, huachicol o tráfico de armas) corresponden exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fuerzas Armadas (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional), deslindando legalmente esa competencia del mando estatal.
Respecto a los servicios básicos de salud y educación, el modelo descentralizado distribuye la operatividad entre el gobierno federal y el local. La administración estatal gestiona la nómina magisterial y la infraestructura médica a través de convenios de coordinación, pero la determinación de planes de estudio y el financiamiento mayoritario dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del programa federal IMSS-Bienestar o la Secretaría de Salud federal.
Por su parte, la provisión de servicios públicos primarios como agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura y licencias de suelo queda fuera del control directo del gobernador, al ser facultades exclusivas de los ayuntamientos conforme al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El estado solo interviene mediante convenios de apoyo técnico o en redes carreteras estatales.
El desempeño financiero y operativo de los gobernadores queda auditado de forma ex post por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos fiscalizadores locales mediante la Cuenta Pública. Este mecanismo contable evalúa el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo y sanciona subejercicios, desviaciones o ejercicio indebido de funciones conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.