Dos sexenios, 60 periodistas asesinados: el mapa del silencio en México

Escrito por

en

,

Por Bruno Cortés

ARTICLE 19 documenta 47 asesinatos durante el gobierno de López Obrador y 13 en el de Claudia Sheinbaum hasta el 16 de julio de 2026. El homicidio de Alejandro Leyva, ocurrido seis días después en Oaxaca, todavía no aparece en ese registro homologado.

El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla, Oaxaca, volvió a colocar una realidad incómoda frente al país: en México, investigar al poder, la corrupción o al crimen organizado puede costar la vida, especialmente cuando se hace periodismo local y sin la protección de una gran empresa.

Para comparar ambos gobiernos con el mismo criterio, este recuento utiliza la metodología de ARTICLE 19, que incluye asesinatos cometidos “en posible relación” con la actividad informativa. La organización investiga cada caso mediante información pública, testimonios locales, familiares, periodistas, posibles testigos y evidencia disponible. No contabiliza automáticamente todo homicidio de una persona que haya trabajado en medios.

El recuento por sexenio

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ARTICLE 19 documentó 47 periodistas asesinados entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024. El sexenio terminó empatado con el de Enrique Peña Nieto y apenas un caso por debajo de los 48 registrados durante la administración de Felipe Calderón.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum, la misma organización contabiliza 13 asesinatos hasta el 16 de julio de 2026. El caso más reciente incorporado es el de Josué Martínez Contreras, asesinado en Puebla.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla. La Fiscalía de Oaxaca confirmó el homicidio y abrió una investigación, pero el caso todavía no ha sido incorporado al conteo de ARTICLE 19. Si la organización determina una posible relación con su trabajo periodístico, el saldo homologado del actual gobierno subiría a 14 y el acumulado de ambos periodos llegaría a 61.

Casos por año

Periodo presidencial Año Casos documentados
López Obrador Diciembre de 2018 1
2019 10
2020 8*
2021 7
2022 13
2023 5
Enero-septiembre de 2024 3
Total López Obrador 47
Claudia Sheinbaum Octubre-diciembre de 2024 1
2025 7
Enero-16 de julio de 2026 5
Total Sheinbaum documentado 13

*El dato de 2020 incorpora a Víctor Manuel Jiménez Campos, desaparecido ese año en Guanajuato y cuyos restos fueron identificados en 2024. El año más letal del periodo de López Obrador fue 2022, con 13 casos.

Periodistas asesinados por entidad

La siguiente distribución es una agregación propia de Maya Comunicación elaborada con los casos documentados por ARTICLE 19. Mantiene fuera, por ahora, el asesinato de Alejandro Leyva para no mezclar un homicidio confirmado con un caso todavía pendiente de clasificación bajo esa metodología.

Entidad López Obrador Sheinbaum Total homologado
Guerrero 5 3 8
Sonora 7 1 8
Veracruz 5 3 8
Guanajuato 3 2 5
Michoacán 2 1 3
Morelos 3 0 3
Oaxaca 3 0* 3
Baja California 2 0 2
Chiapas 2 0 2
Chihuahua 2 0 2
Coahuila 2 0 2
Estado de México 1 1 2
Nayarit 2 0 2
Puebla 1 1 2
Zacatecas 2 0 2
Baja California Sur 1 0 1
Durango 0 1 1
Quintana Roo 1 0 1
Sinaloa 1 0 1
Tabasco 1 0 1
Tamaulipas 1 0 1
Total 47 13 60

*Oaxaca sumaría un caso en el periodo de Sheinbaum si el asesinato de Alejandro Leyva es incorporado posteriormente por ARTICLE 19.

El mapa muestra tres focos principales durante ambos gobiernos: Guerrero, Sonora y Veracruz, con ocho casos cada uno. No son únicamente territorios con violencia criminal; también son entidades donde periodistas locales cubren gobiernos municipales, corporaciones policiacas, disputas territoriales, desapariciones, corrupción y redes delictivas con pocos recursos y escasa protección.

Las causas: lo que puede afirmarse y lo que sigue sin saberse

No existe una causa única para los asesinatos y, debido a la impunidad, en numerosos expedientes ni siquiera se ha establecido judicialmente el móvil. Por ello, es más riguroso hablar de coberturas y contextos de riesgo que de causas demostradas para todos los crímenes.

Corrupción y política

ARTICLE 19 encontró que durante 2023 el 53.3% de las agresiones estuvo relacionado con coberturas de corrupción y política. Al sumar seguridad y justicia, estos temas concentraron el 76.83% de los ataques documentados. Esto no demuestra que cada asesinato haya sido provocado por una publicación específica, pero sí identifica los asuntos que colocan a la prensa bajo mayor presión.

Crimen organizado y poderes locales

La cobertura de organizaciones criminales se vuelve especialmente peligrosa cuando existen posibles vínculos con alcaldes, policías, fiscalías, empresarios o grupos políticos. Reporteros Sin Fronteras advierte que la connivencia entre autoridades locales y crimen organizado representa una amenaza grave y que quienes informan sobre política y delincuencia en los estados enfrentan advertencias, amenazas y asesinatos.

El problema no puede reducirse a “el narco mata periodistas”. En distintos territorios, las fronteras entre criminales, autoridades y poderes económicos pueden diluirse. Investigar quién controla una obra pública, una policía municipal, una ruta comercial o el presupuesto local puede resultar tan peligroso como cubrir directamente a un cártel.

Agresiones desde el poder público

La violencia contra la prensa no comienza con un arma. También incluye amenazas, detenciones arbitrarias, bloqueos informativos, campañas de desprestigio, vigilancia, retiro de publicidad y procesos judiciales utilizados para desgastar o silenciar.

Durante 2025, ARTICLE 19 documentó 451 agresiones bajo una metodología más estricta: 197 correspondieron a ambientes hostiles, 153 a abusos del poder público y 53 a ataques o violencia física. En 227 casos —más de la mitad— el Estado fue identificado como principal agresor, especialmente desde gobiernos estatales y municipales.

En el sexenio de López Obrador, la organización contabilizó 3 mil 408 agresiones contra la prensa, un promedio aproximado de una cada 14 horas y un incremento de 62.13% frente al periodo presidencial anterior.

Impunidad y fallas de protección

La causa estructural que permite repetir los ataques es la impunidad. Entre 2010 y 2024, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión inició 2 mil 371 casos y sólo 201 fueron considerados resueltos. El Espacio OSC calcula una impunidad de 84.7%, que alcanza 98.27% cuando se toman en cuenta únicamente las sentencias condenatorias.

Las investigaciones suelen omitir el trabajo periodístico como línea principal, descartar prematuramente posibles móviles profesionales o concentrarse únicamente en los autores materiales. En 2025, ARTICLE 19 también documentó casos de periodistas asesinados pese a haber solicitado o recibido medidas de protección.

¿Qué tan peligroso es ejercer el periodismo en México?

México ocupa el lugar 122 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026. En el indicador específico de seguridad cae hasta la posición 160, una de las evaluaciones más bajas del mundo. Reporteros Sin Fronteras lo define como uno de los países más peligrosos y mortíferos para quienes ejercen el periodismo.

La amenaza tampoco se distribuye por igual. El mayor riesgo recae en periodistas locales, trabajadores independientes, directores de pequeños portales, reporteros policiacos y comunicadores comunitarios. Con frecuencia conocen personalmente a las autoridades sobre las que investigan, viven en la misma localidad que los posibles agresores y carecen de seguro, respaldo jurídico, protocolos de seguridad o recursos para abandonar su comunidad.

A los asesinatos deben añadirse 32 periodistas desaparecidos desde 2003, además de amenazas, desplazamientos, vigilancia, campañas digitales y autocensura. Cada periodista que deja de investigar por miedo produce un vacío informativo, aunque su nombre nunca aparezca en una estadística de homicidios.

Dos gobiernos, una deuda sin resolver

El recuento no permite responsabilizar automáticamente al presidente en turno por cada asesinato, pero sí permite evaluar la obligación del Estado de prevenir, proteger, investigar y sancionar.

López Obrador terminó su gobierno con 47 casos documentados y miles de agresiones. Sheinbaum acumula 13 casos bajo la misma metodología en menos de dos años, mientras el asesinato de Alejandro Leyva espera ser incorporado o descartado del registro según lo que determine la investigación.

Los gobiernos cambian; la estructura que permite matar periodistas y conservar la impunidad permanece. El daño tampoco termina en la persona asesinada. Cuando una voz local es silenciada, comunidades completas pierden a quien documentaba el abuso, seguía el dinero público y hacía preguntas que el poder prefería no responder.

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *